AUTORIDADES Y EXPERTOS NACIONALES E INTERNACIONALES ADVIERTEN QUE NO APROBAR LA LEY CONTRA EL LAVADO DE DINERO PODRÍA AFECTAR DIRECTAMENTE A LOS GUATEMALTECOS

 

La falta de aprobación del proyecto de LEY INTEGRAL PARA LA PREVENCIÓN Y REPRESIÓN DEL LAVADO DE DINERO U OTROS ACTIVOS Y DEL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO, tendrá consecuencias directas en la vida diaria de los guatemaltecos. Así se abordó durante la inauguración de CLADIT 2026, “Guatemala ante una nueva era de cumplimiento”, un encuentro regional organizado por la Asociación Bancaria de Guatemala, que reunió a autoridades, expertos internacionales y representantes del sector financiero, empresarial y regulatorio.

Expertos internacionales y autoridades advirtieron que, de no aprobarse una legislación moderna contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, Guatemala podría ser incorporada a la lista gris del GAFI, al ser evaluada como un país con deficiencias estratégicas en su sistema de prevención y represión del lavado de dinero. Esto elevaría el nivel de riesgo ante bancos internacionales y corresponsales, lo que podría traducirse en más requisitos, mayores controles, procesos más lentos y costos más altos para operaciones como recibir remesas, realizar transferencias internacionales, abrir cuentas, actualizar datos bancarios o efectuar pagos desde y hacia el extranjero.

Uno de los principales impactos recaería sobre las familias que dependen de las remesas familiares para cubrir alimentación, educación, salud, vivienda y otros gastos esenciales. Mayores controles internacionales podrían encarecer o retrasar estos envíos, afectando directamente la economía de miles de hogares guatemaltecos.

El efecto también podría trasladarse al costo de productos y servicios. Si las empresas importadoras y exportadoras enfrentan más trámites, comisiones más altas y demoras en pagos internacionales, esos costos terminan impactando al consumidor final. A esto se suma el riesgo de reducir la inversión extranjera, limitar la llegada de nuevos proyectos productivos y afectar la generación de empleo formal.

El proyecto de ley, pendiente de aprobación final en el Congreso de la República, fortalecerá las herramientas del país para prevenir y reprimir los recursos provenientes del narcotráfico, extorsiones, terrorismo, corrupción, contrabando, tráfico de personas u otras actividades ilícitas se mezclen con la economía formal. Su propósito no es perseguir a quienes trabajan honradamente, prohibir el uso de efectivo ni crear una herramienta tributaria, sino proteger al país frente al dinero de origen criminal.

En la inauguración participaron Juan Luis Fonseca, vicepresidente de la Asociación Bancaria de Guatemala y gerente general de Banrural; Álvaro González Ricci, presidente de la Junta Monetaria y del Banco de Guatemala; Saulo de León Durán, superintendente de Bancos de Guatemala; Luis Alberto Contreras, presidente del Congreso de la República; y Juan Carlos Monroy, intendente de Verificación Especial de la Superintendencia de Bancos.

CLADIT 2026 abrió un espacio de análisis sobre los desafíos de Guatemala ante la prevención del lavado de dinero, el fortalecimiento del cumplimiento y la necesidad de actuar con urgencia. El mensaje principal fue claro: el costo de no aprobar esta ley podría terminar afectando el bolsillo, las oportunidades y la estabilidad económica de los guatemaltecos.